SEGUROS Y LIBRE DESIGNACIÓN DE ABOGADO.

Una consulta recurrente que se plantea por muchos clientes que han sufrido algún tipo de siniestro es la relativa a si es posible la libre designación de abogado de acuerdo al seguro que tienen contratado. Esta pregunta se da tanto en los seguros de defensa jurídica como en aquellos que cubren la defensa de la responsabilidad civil.

Primero procederemos a hacer una breve descripción de estos tipos de seguros, para luego abordar las limitaciones más frecuentes para el asegurado que tratan de imponer las compañías, tanto desde la contratación como durante la tramitación de los siniestros y cómo tratar de evitarlas.

Por último, nos referiremos a dos sentencias del Tribunal Supremo que han resuelto algunas de las cuestiones típicas que surgen con estos seguros cuando existe conflicto de intereses entre la compañía y el asegurado.

Lo primero que debemos saber es si estamos ante un seguro de defensa jurídica del artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro o ante una cobertura del seguro de responsabilidad civil del artículo 74 de la misma norma.

El seguro de defensa jurídica, está regulado en el artículo 76 de la Ley de Contrato del seguro, y es aquel en el que el asegurador se obliga a hacerse cargo de los gastos en que pueda incurrir el asegurado con motivo de su intervención en un procedimiento judicial o arbitral.

En este tipo de seguro tiene siempre derecho el asegurado a elegir libremente abogado y procurador, y la cobertura de la aseguradora consistirá precisamente en abonar los honorarios de estos profesionales hasta el límite pactado en la póliza.

Este seguro puede contratarse en una póliza independiente, póliza simple, o integrarse en un contrato que cubra otros riesgos, como el de automóvil y vehículos a motor o el de vivienda.

En este segundo caso la definición del riesgo cubierto será más amplia que en la póliza simple, ya que abarcará otros además que el referido a la defensa jurídica. La cobertura de la defensa jurídica deberá detallarse de forma separada y fijarse el importe de la prima correspondiente a dicha cobertura.

En cuanto a los seguros de responsabilidad civil, su definición la encontramos en el artículo 73 de la Ley del Contrato de Seguro:

“Por el seguro de responsabilidad civil el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el asegurado, conforme a derecho.”

En esta modalidad de seguro es el asegurador quien asume la defensa del asegurado cuando es demandado por el perjudicado, salvo que haya pacto expreso en el que se permita al asegurado la libre designación de abogado y procurador.

Además, podrá el asegurado designar abogado libremente cuando haya conflicto de intereses con la compañía aseguradora.

Este conflicto de intereses se da, al igual que con el seguro de defensa jurídica, cuando el asegurador del perjudicado que reclame este asegurado en la misma compañía.

POSIBLES LIMITES A EVITAR A LA HORA DE CONTRATAR UN SEGURO DE DEFENSA JURÍDICA

El problema al que se enfrentan muchos asegurados con estos seguros son los límites que tratan de imponer las compañías. Esta situación obliga al tomador del seguro a estar alerta en el momento de su contratación, y en caso de que ya se haya contratado, durante la tramitación del siniestro por la aseguradora, para evitar que renuncie a derechos que pudiesen corresponderle.

Entre los limites más frecuentes a evitar en el momento de la contratación quizás el más habitual sea el intento de establecer sumas demasiado bajas como cobertura. Cantidades como 600 euros son insuficientes casi siempre para afrontar cualquier tipo de procedimiento judicial.

Una variante de este límite es la que consiste en las que la cuantía asegurada lo sea para el total de perjudicados, por lo que en caso de un accidente de tráfico con varios ocupantes, la cobertura real ofrecida no cubra los gastos de los procedimientos judiciales que pueden ser necesarios, ya que la suma debe dividirse entre todos los asegurados.

También es importante evitar contratar seguros que limitan el concepto de asegurado hasta tal punto, que por ejemplo, en un accidente de tráfico, solo ofrecen cobertura al asegurado y al conductor autorizado y no a otros ocupantes accidentados.

Se debe estar atento también a que no traten de imponer la condición de que la cobertura consista en un reembolso y no en un pago directo de los honorarios al abogado que el cliente designa. Esa cláusula obligaría al cliente a anticipar el pago de las facturas de los abogados designados y luego esperar el abono por parte de la compañía, con la incertidumbre que esta situación puede generar.

Y si bien la lista podría ser larga, mencionaremos por último en cuanto a las condiciones a evitar en el momento de contratar uno de estos seguros, el referido a aquellos seguros que excluyen los honorarios de peritos especialistas y otros profesionales imprescindibles para que la reclamación que se lleva a juicio tenga éxito.

CONFLICTO DE INTERESES ENTRE ASEGURADORA Y ASEGURADO Y LIMITES DE LA SUMA ASEGURADA

Nos hemos referido al inicio de este post a que los tribunales vienen dictando sentencias muy interesantes en supuestos de conflicto de intereses entre compañía aseguradora y asegurado, en relación con los límites de la suma asegurada.

Esta situación, como hemos señalado se da cuando nuestra aseguradora lo es también de la otra parte. El supuesto más frecuente se da en la reclamación de indemnizaciones derivadas de accidentes de tráfico.

Es fundamental, para resolver esa cuestión, saber si la limitación de la suma asegurada se introduce en una clausula limitativa de los derechos del asegurado que no se haya aceptado expresamente, o en una cláusula que lo que hace es delimitar el riesgo asegurado.  Las consecuencias no serán las mismas ya que en el primer supuesto podría no operar el limite fijado por la aseguradora.

Afirma la STS de fecha 19 de julio de 2012, que:

«Las cláusulas delimitadoras del riesgo establecen exclusiones objetivas de la póliza o restringen su cobertura en relación con determinados eventos o circunstancias, siempre que respondan a un propósito de eliminar ambigüedades y concretar la naturaleza del riesgo en coherencia con el objeto del contrato (fijado en las cláusulas particulares, en las que figuran en lugar preferente de la póliza o en las disposiciones legales aplicables salvo pacto en contrario) o en coherencia con el uso establecido y no puede tratarse de cláusulas que delimiten el riesgo en forma contradictoria con el objeto del contrato o con las condiciones particulares de la póliza, o de manera no frecuente o inusual».

En estos supuestos, tanto en los seguros de defensa jurídica como en los de responsabilidad civil existen pronunciamientos declarando que no estaría vinculado el asegurado a los importes de la cobertura contratada, siempre que los honorarios de abogados estén debidamente minutados.

En este sentido la sentencia 481/2016 de la Sala Primera del Tribunal Supremo de fecha 14/07/2016:

“Pues bien, en el caso, estamos ante un conflicto de intereses, puesto que la aseguradora del actor era también aseguradora del demandado y asimismo demandada en el pleito del que derivan los honorarios ahora reclamados.

 Supone que no ha sido la libre voluntad del asegurado sino el propio conflicto lo que obligó al asegurado a tener que nombrar abogado y procurador para la reclamar el daño sufrido, que finalmente tuvo que abonar la aseguradora en la parte cubierta por el seguro, sin que la póliza, que en las condiciones particulares contempla como riesgo asegurado la defensa jurídica, sin limitación alguna, incluya ni en estas condiciones ni en las generales, un pacto especial y expresamente aceptado por el asegurado que limite la responsabilidad de la aseguradora en supuestos como este de conflicto entre ambos.

Extender el límite máximo de la obligación del asegurador a los mil quinientos euros supone, en primer lugar, una limitación a la libre designación de abogado y procurador necesario para la efectividad de la cobertura, y, en segundo, derivar contra el asegurado una interpretación extensiva y contraria a su interés, que es el que se protege en esta suerte de contratos de adhesión. El efecto no es otro que el rechazo de una cláusula limitativa del derecho del asegurado, cuya validez está condicionada al régimen especial de aceptación previsto en el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro , que se cita en el motivo como infringido, con la consecuencia de hacer responsable a la aseguradora del pago generado por estos profesionales que ha tenido que procurarse para plantear la reclamación y que no es otro que aquel que viene determinado en la sentencia del juzgado, incluido el pago de  los intereses, que ha sido aceptado por el recurrente, que no apeló la sentencia, y que no ha sido cuestionado por la recurrida.”

Del mismo ocurre en la defensa de la responsabilidad civil.  Sentencia 421/2020 del Tribunal Supremo de fecha 14/07/2020, fundamento de derecho segundo:

Por tanto, la fijación en la póliza de dicho límite puede calificarse, en principio, como cláusula delimitadora del riesgo. Pero no, y de ahí que digamos “en principio”, de forma categórica por el mero hecho de que sea la traducción de una previsión legal, sino porque, pudiendo tener en principio esa naturaleza, en tanto cláusula que delimita cuantitativamente el objeto asegurado, no obstante, las circunstancias del caso pueden determinar su consideración como limitativa de los derechos del asegurado, e incluso lesiva.

Donde se torna compleja la anterior reflexión, tanto doctrinal como jurisprudencialmente, es en la fijación de unos límites notoriamente insuficientes en relación con la cuantía cubierta por el seguro de la responsabilidad civil.

 En este caso podría considerarse que dichas cláusulas son implícitamente limitativas del derecho del asegurado a la libre elección de abogado. Se estaría restringiendo la cobertura esperada por el asegurado, y quedaría desnaturalizada la defensa jurídica accesoria al seguro de responsabilidad civil”

CONCLUSIONES

Ha podido observar el lector que la designación de abogado y otros profesionales, y el pago de sus honorarios por parte de la aseguradora en los seguros de defensa jurídica y de responsabilidad civil es una cuestión compleja.

El asegurado, ya antes de contratar deberá estar alerta para no contratar un seguro con coberturas insuficientes para los gastos de defensa jurídica, y deberá también, en caso de que haya sufrido un siniestro y necesite la asistencia de abogado, seguir atento la tramitación de su expediente por la compañía para no renunciar a ninguno de los derechos que tenga contratados, y por los que haya abonado la correspondiente prima.

Por estos motivos, nuestro consejo es que consulte con un abogado de su confianza y con experiencia en materia de seguros el contenido de su póliza si ha tenido un siniestro. Podrá así evitar sorpresas desagradables y conocer sus necesidades reales y el coste total del procedimiento en el que precise intervenir, y si su seguro lo cubrirá en su totalidad.

IMAGEN: Home Insurance Building. William Le Baron Jenney