El Tribunal Supremo en su sentencia número 529/2020 de fecha 15/10/2020 se pronuncia acerca de la responsabilidad por defectos en la construcción del project manager.

Como introducción podemos decir que el project manager es el encargado que, dependiendo del promotor, planifica, coordina y controla la operación inmobiliaria en todas sus fases. Se puede encargar desde la localización del suelo a la entrega de la edificación, responsabilizándose del cumplimiento de los objetivos establecidos en cuanto a plazos, calidad y costes.

Si bien por su falta de regulación específica y la heterogeneidad de las funciones que puede asumir es casi imposible dar una definición totalmente exacta y precisa.

Precisamente por la versatilidad de esta figura, la fundamentación jurídica de esta reciente sentencia es muy interesante para todos los abogados que participen en procedimientos de responsabilidad por daños en la construcción; ya que permite disipar las dudas acerca de los criterios a seguir para poder considerar agente de la edificación a los gestores de proyectos.

Hasta ahora, en aquellos procedimientos en los que se había demandado a los gestores de proyectos como responsables por defectos en la construcción,  los abogados que les han defendido se ha esgrimido que el rol del project manager no podía en ningún caso ser considerado como de agente de la edificación.

Basan su defensa en que su función es de asesoramiento. Así mismo se argumenta que la naturaleza de las obligaciones contraídas son las propias del arrendamiento de servicios, y como tal, exigían una obligación de medios y no de resultado.

Se ha utilizado también el hecho de que en muchas ocasiones el project manager no hace ni firma ninguna certificación de obra, excluyéndose con especial hincapié la de fin de obra.

La mayoría de sentencias dictadas hasta ahora por las audiencias provinciales han considerado al gestor de proyectos como agente de la edificación, con la única salvedad de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona nº 253/2018  (Sección 19ª) de fecha 31/05/2018 que resolvió que no podía declararse responsabilidad alguna como agente de la edificación si las funciones, ya más allá del asesoramiento, eran simplemente de gestión u organizativas,  pero no de carácter técnico.

Para el Tribunal Supremo en esta sentencia, la clave es que el project manager tenga poder decisorio y no sea un mero asesor o gestor de documentación.

En concreto sería responsable por los defectos en la construcción en cuanto ostente funciones de dirección económica, de ejecución o control de calidad pese a que sean propias de otro agente de la edificación y actúe por delegación, como sucedía en el caso aquí resuelto con respecto a la promotora.

Señala el Tribunal Supremo que no sustituye en sus funciones al arquitecto u otros agentes de la edificación, sino que su función se sitúa normalmente entre el promotor y la dirección facultativa, al encomendarle aquel funciones de dirección, de vigilancia, supervisión y contratación de profesionales entre otras.

De forma detallada se enumeran algunas de las tareas que conllevan en caso de haberse obligado a su cumplimiento que al gestor de proyectos se le considere agente de la edificación. Entre otras, y sin ser una relación cerrada:

-Dirección del proyecto

-La dirección técnica de las obras

-Gestión de proveedores

-Gestión en la obtención de licencias, asesoramiento

-Selección en la contratación de arquitectos, aparejadores y subcontratistas

En consecuencia queda claro en esta resolución que no puede considerarse mero asesoramiento las funciones de dirección del proyecto, coordinación, supervisión y control de aquellos agentes de la edificación que participan en él; porque sobrepasan ampliamente las funciones de asesoramiento, que se reducirían en definitiva a dar consejo o emitir un dictamen para que otro decida, o las de mera gestión administrativa y documental.

Por lo tanto se clarifica la situación y desde el momento en el que asume funciones los cometidos mencionados anteriormente la figura del project manager encontraría sin dificultad encaje en el artículo 8 de la LOE:

“Son agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención”

La responsabilidad de hacer frente a indemnizaciones por defectos en la construcción además de lo previsto en cada contrato de gestión de proyecto, derivaría en consecuencia del artículo 17 de la Ley de edificación:

“1. Sin perjuicio de sus responsabilidades contractuales, las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o parte de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: […]

“2. La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones propios, como por actos u omisiones de personas por las que, con arreglo a esta Ley, se deba responder. […]

“4. Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en esta Ley se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras análogas”.

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